CONFLICTOS, ATROPELLOS, SAQUEO Y POBREZA

CONFLICTOS, ATROPELLOS, SAQUEO Y POBREZA

La organización ecuatoriana miembro de Sí a la Vida No a la Minería/ Yes to Life No to Mining denuncia:

Inevitables frutos de la nueva política minera ecuatoriana

Intag, 22 de mayo 2019

La nueva política minera del gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno muestra clara evidencia de haber sido construida por empresarios y funcionarios de carrera en beneficios de éstos, con nula participación del sector ambientalista y de comunidades y gobiernos locales afectadas por la minería. Esto tendrá sus consecuencias.

La política se podría reducir a las cinco inolvidables palabras del vicepresidente Otto, cuando exclamó que “donde exista minerales habrá minería”. Otros funcionarios y empresarios han repetido la misma burda política usando otras palabras. El efecto es el mismo, sin embargo: La Constitución, leyes, planes de gobiernos locales, consultas, convenios internacionales; nada vale ante el interés del ejecutivo de imponer la minería.

Pero, se equivocan.

Como acompañante de las comunidades de la zona de Intag que durante 24 años han luchado en contra del extractivismo en esta zona productiva, biodiversa y con enorme potencial turístico, rechazamos los planes de acomodar toda la jurisprudencia del país y sus instituciones para empedrarle el camino a la minería transnacional, modificando la Ley de Minería, emitiendo nuevos decretos y, simultáneamente debilitando derechos colectivos como son el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, y la Consulta Ambiental.

Se equivocan si piensan que la sociedad civil no reaccionará ante semejante arrogancia con medidas amparadas por un derecho que no podrán bajarse: el derecho a la resistencia.

La indignación que hoy compartimos incluye no obligarles a las mineras realizar estudios de impactos ambientales para la exploración- siendo una actividad sumamente agresiva en contra de la Pacha Mama; de exonerar a las mineras de pagar impuestos a la renta por entre 10 y 15 años, de reducir otros impuestos y de devolverles el IVA. Ante semejante entreguismo, la minería se convierte en otro saqueo más de materia prima para beneficiar a economías y empresas del hemisferio norte, y sostiene el modelo extractivista.

Rechazamos la pretensión expresada por el viceministro de Minas, de permitir la minería en el 33% del país. Si ya el 39% de la Amazonía se encuentra dividida en bloques petroleros- sin una sola consulta de buena fe- estaríamos hablando de cerca del 50% del país “open for business” para el extractivismo.

Los voceros de las empresas- incluyendo funcionarios públicos- tratan de embobarle al país con el cuento que la minería creará más riqueza y empleo. Ante esos engaños, invitamos a que constaten cómo en el el Perú las provincias más pobres – y conflictivas- son donde está asentada la minería. Y, a nivel global, la minería emplea solo aproximadamente el 1% de la poblacion económicamente activa. El turismo y agricultura generan mucho más puestos de trabajo y distribuye los ingresos de manera mucho mas justo y son actividades sustentables.

Nos indigna, igualmente, de la forma cómo empresarios y funcionarios le miente descaradamente al país con la falsedad de la minería responsable y tecnología de punta. En el 2015, dos de las empresas más poderosas del planeta, la BHP Billinton y la Vale, fueron culpables del desastre ambiental más grande de la historia brasileña, la cual borró del mapa al pueblo de Bento Rodrigues, y mató a 19 moradores. Unos tres años después, en enero del 2019, más de 300 brasileños murieron en Brumadihno a causa de otro desastre minero obra de la Vale. Las condiciones climáticas, topográficas y geológicas hace la minería incomparablemente más peligrosas en el Ecuador que Brasil, lo cual garantiza peores desastres. En gran medida, en brasil se le culpa a falta de control por parte de funcionarios, y se sospecha que la corrupción jugó un papel clave.

Para comprender el peligro que esta situacion presenta, es crucial conocer los mas de 24 delitos cometidos por las empresas y funcionarios públicos de control, incluyendo del Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Minas, Arcom, y la Enami, detectados por Contraloría en su Examen Especial del proyecto minero Llurimagua en Imbabura, comprobando, sin la más mínima duda, que el estado ecuatoriano no tiene ni la voluntad ni capacidad de controlar o regular a la minería- sea esta pequeña, mediana o gran minería.

En este contexto consideramos que debilitar derechos fundamentales, a la vez de otorgar incentivos fiscales y reducir permisos a la industria minera en un país tan megadiverso en culturas y especies, y con una larga historia de corrupción, no es nada menos que criminal. Y a los criminales se les debe mandar preso..

DECOIN Defensa y Conservación Ecológica de Intag decointag@gmail.com

La organización ecuatoriana miembro de Sí a la Vida No a la Minería/ Yes to Life No to Mining denuncia:

Inevitables frutos de la nueva política minera ecuatoriana

Intag, 22 de mayo 2019

La nueva política minera del gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno muestra clara evidencia de haber sido construida por empresarios y funcionarios de carrera en beneficios de éstos, con nula participación del sector ambientalista y de comunidades y gobiernos locales afectadas por la minería. Esto tendrá sus consecuencias.

La política se podría reducir a las cinco inolvidables palabras del vicepresidente Otto, cuando exclamó que “donde exista minerales habrá minería”. Otros funcionarios y empresarios han repetido la misma burda política usando otras palabras. El efecto es el mismo, sin embargo: La Constitución, leyes, planes de gobiernos locales, consultas, convenios internacionales; nada vale ante el interés del ejecutivo de imponer la minería.

Pero, se equivocan.

Como acompañante de las comunidades de la zona de Intag que durante 24 años han luchado en contra del extractivismo en esta zona productiva, biodiversa y con enorme potencial turístico, rechazamos los planes de acomodar toda la jurisprudencia del país y sus instituciones para empedrarle el camino a la minería transnacional, modificando la Ley de Minería, emitiendo nuevos decretos y, simultáneamente debilitando derechos colectivos como son el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, y la Consulta Ambiental.

Se equivocan si piensan que la sociedad civil no reaccionará ante semejante arrogancia con medidas amparadas por un derecho que no podrán bajarse: el derecho a la resistencia.

La indignación que hoy compartimos incluye no obligarles a las mineras realizar estudios de impactos ambientales para la exploración- siendo una actividad sumamente agresiva en contra de la Pacha Mama; de exonerar a las mineras de pagar impuestos a la renta por entre 10 y 15 años, de reducir otros impuestos y de devolverles el IVA. Ante semejante entreguismo, la minería se convierte en otro saqueo más de materia prima para beneficiar a economías y empresas del hemisferio norte, y sostiene el modelo extractivista.

Rechazamos la pretensión expresada por el viceministro de Minas, de permitir la minería en el 33% del país. Si ya el 39% de la Amazonía se encuentra dividida en bloques petroleros- sin una sola consulta de buena fe- estaríamos hablando de cerca del 50% del país “open for business” para el extractivismo.

Los voceros de las empresas- incluyendo funcionarios públicos- tratan de embobarle al país con el cuento que la minería creará más riqueza y empleo. Ante esos engaños, invitamos a que constaten cómo en el el Perú las provincias más pobres – y conflictivas- son donde está asentada la minería. Y, a nivel global, la minería emplea solo aproximadamente el 1% de la poblacion económicamente activa. El turismo y agricultura generan mucho más puestos de trabajo y distribuye los ingresos de manera mucho mas justo y son actividades sustentables.

Nos indigna, igualmente, de la forma cómo empresarios y funcionarios le miente descaradamente al país con la falsedad de la minería responsable y tecnología de punta. En el 2015, dos de las empresas más poderosas del planeta, la BHP Billinton y la Vale, fueron culpables del desastre ambiental más grande de la historia brasileña, la cual borró del mapa al pueblo de Bento Rodrigues, y mató a 19 moradores. Unos tres años después, en enero del 2019, más de 300 brasileños murieron en Brumadihno a causa de otro desastre minero obra de la Vale. Las condiciones climáticas, topográficas y geológicas hace la minería incomparablemente más peligrosas en el Ecuador que Brasil, lo cual garantiza peores desastres. En gran medida, en brasil se le culpa a falta de control por parte de funcionarios, y se sospecha que la corrupción jugó un papel clave.

Para comprender el peligro que esta situacion presenta, es crucial conocer los mas de 24 delitos cometidos por las empresas y funcionarios públicos de control, incluyendo del Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Minas, Arcom, y la Enami, detectados por Contraloría en su Examen Especial del proyecto minero Llurimagua en Imbabura, comprobando, sin la más mínima duda, que el estado ecuatoriano no tiene ni la voluntad ni capacidad de controlar o regular a la minería- sea esta pequeña, mediana o gran minería.

En este contexto consideramos que debilitar derechos fundamentales, a la vez de otorgar incentivos fiscales y reducir permisos a la industria minera en un país tan megadiverso en culturas y especies, y con una larga historia de corrupción, no es nada menos que criminal. Y a los criminales se les debe mandar preso..

DECOIN Defensa y Conservación Ecológica de Intag decointag@gmail.com

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