Ecuador ¡ALERTA URGENTE!

Acción Ecológica, miembro de Sí a la Vida No a la Minería/ Yes to Life No to Mining YLNM informa a la red, la cual se une en solidaridad en repudio de los siguientes hechos.

INTENTO DE ASESINATO A PRESIDENTE DE ECUARUNARI

A las 07h30 de este 9 de mayo de 2018, en la comunidad de Cochapamba, parroquia de Molleturo, Provincia de Azuay del Sur de Ecuador, fueron secuestrados Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay FOA, por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield.

Los tres dirigentes fueron retenidos en el vehículo en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los parabrisas, los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro, acción que no llevaron a acabo por intervención de mujeres de la comunidad.

Luego, fueron llevados hasta la garita de vigilancia de la empresa y al convento de la iglesia de Cochapamba, donde fueron detenidos, e incomunicados.

Los tres secuestrados fueron agredidos físicamente, y amenazados de muerte hasta su liberación a las 14h30 gracias a la intervención de periodistas presentes en la zona.

Adicionalmente, se tiene conocimiento que trabajadores de la empresa, han impedido el paso de una de las ambulancias que se dirigían a prestar atención a los heridos en la comunidad. Se reportan también allanamientos a viviendas y detenciones arbitrarias a comuneros

Acción Ecológica

 

Exigimos resguardar la integridad física de los y las comuneras en protesta, una salida democrática y con respeto a los derechos humanos al conflicto, y no más militarización y represión a las comunidades en resistencia.

Al respecto de estos hechos, CAMINANTES, Articulación Nacional Contra el Festín Minero ha emitido el siguiente comunicado.

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO

CAMINANTES -articulación nacional de comunidades y territorios afectados por la minería- y las organizaciones que acompañan los procesos de resistencia, expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de la noche y madrugada del 8 y 9 de mayo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Desde sus primeras fases, el proyecto minero Río Blanco, cuya ejecución está a cargo de la empresa Ecuagoldmining (establecida por la china Junefield Resources S.A.), generó el rechazo de las comunidades campesinas e indígenas por la destrucción del páramo, la contaminación de los suelos y el agua, y la amenaza a la salud y a sus vidas.

El Estado ecuatoriano, en lugar de garantizar los derechos colectivos como la consulta previa, libre e informada y respetar las decisiones comunitarias sobre sus propias prácticas productivas y de vida como demanda la Constitución, dio paso a un proyecto extractivista altamente perjudicial para las poblaciones locales y permitiendo, además que la empresa china aplique estrategias de división y ruptura del tejido social.

Ante el incumplimiento de sus derechos y los oídos sordos a sus demandas, la población ha tomado acciones de hecho directas para exigir la salida de esta empresa. Por tal razón, responsabilizamos al Estado y a la empresa minera por los hechos ocurridos y sus consecuencias.

Todas y todos quienes formamos parte de la articulación CAMINANTES exigimos al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, al gobernador del Azuay, Javier Enderica y a todas las autoridades estatales, que detenga la represión y eviten el uso de la violencia por parte de la fuerza pública. También demandamos que se garantice la seguridad, integridad y protección de los derechos de las comunidades de la parroquia Molleturo afectadas por el proyecto minero, considerando los estándares nacionales e internacionales. En particular es prioritario el reconocimiento y la aplicación inmediata de las garantías de protección reconocidas en la Constitución ecuatoriana a los pobladores criminalizados como defensores de derechos.

Pedimos que se garantice la cobertura de medios, se atienda de forma oportuna a los heridos y se libere a las personas detenidas quienes deben ser reconocidas como defensores de la tierra, el agua y el territorio, en lugar de criminalizarlas.

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