El Parlamento Europeo insta a investigar sobre la vulneración generalizada de directivas europeas en las minas de San Finx

El Parlamento Europeo insta a investigar sobre la vulneración generalizada de directivas europeas en las minas de San Finx

– Se aprecia que el proyecto de explotación actual, aprobado en 2009, se debería haber sometido a los trámites de evaluación ambiental y participación pública

– El abandono de dos presas de residuos mineros y los altos niveles de metales pesados en las aguas, a sólo 7 km de los bancos de marisqueo de la ría, genera máxima preocupación

Bruselas / Lousame (Galicia), 11 de julio de 2018. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo evaluó nuevamente la queja formulada en enero de 2017 por la Asociación Petón Lobo, integrada en las plataformas “ContraMINAcción” y “Vida y Ria o Minería”, por vulneración de diversas directivas europeas en la explotación minera de wolframio y estaño de San Finx, en Lousame (A Coruña). En concreto, la queja detalla la omisión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero en 2009, el abandono de dos presas de residuos mineros en pleno cauce fluvial, la potencial afectación a la actividad de marisqueo y la salud pública y la contaminación del agua con metales pesados. En cuanto a esta última, se superan varias veces los límites máximos permitidos para cadmio, cobre y zinc en el río que desemboca 7 km aguas abajo en la Ría de Noia.

El Parlamento admitió la petición en mayo de 2017, solicitando a la Comisión Europea una investigación preliminar. En la sesión de hoy, después de la intervención del peticionario, representado por el mariscador José Romarís, y los diputados y diputados de diversos grupos, la Comisión de Peticiones apreció la existencia de los fundamentos que apuntan a una vulneración sistemática y generalizada de la normativa europea, no sólo a una violación en el caso de la mina de San Finx, sino también en otras de la provincia de A Coruña, como la de Touro, Santa Comba o Monte Neme. Por lo tanto, acordó exigir a la Comisión Europea que inicie un proceso de completo auditoría una vez que las presuntas violaciones afectan a un espectro amplio de normativas.

Duras críticas de los grupos parlamentarios europeos

Después de la intervención de José Romarís, quien destacó que “no queremos que nuestra ría sea la próxima Aznalcóllar o Baia Mare”, ya que “nuestro modo de vida, nuestro futuro y el de las futuras generaciones dependen de ella”, habló el representante Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, quien insistió en remitir el asunto a los tribunales del estado miembro. Tocó a continuación el turno a las y los europarmentarios de diferentes países y tendencias políticas: los diputados Ana Miranda (BNG), Angela Vallina (IU), Maite Ruiz Pagazaurtundúa (UPyD), Lidia Senra (AGE), Antonio Marinho e Pinto (Partido Democrático de Portugal) y Judith Kirton-Darling (Partido Laborista, Reino Unido) coincidieron en instar a la Comisión a llevar a cabo una auditoría exhaustiva de la situación del Grupo Mineiro San Finx.

Tan sólo el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, del Partido Popular, trató de excusar la actuación de la Xunta de Galicia, insinuando la empresa concesionaria tendría carta blanca para contaminar a perpetuidad con total impunidad, con el pretexto falaz de que la normativa no se aplica retroactivamente, aunque el proyecto fue aprobado en 2009, con las directivas vigentes en la actualidad. Esto le valió la reprobación de la diputada laborista británica Judith Kirton. A pesar de esta intervención, la mayoría parlamentaria, incluido el Partido Popular Europeo, ha decidido mantener abierta la petición, el envío de una carta a las autoridades gallegas trasladando la preocupación del Parlamento y exigir nuevamente a la Comisión Europea la apertura de una investigación a fondo sobre la situación.

Demoledor informe

Antes de la sesión, la Asociación de Petón do Lobo y los colectivos implicados en “ContraMINAcción” y “Vida e Ría” facilitaron al Secretariado de la Comisión un informe con documentación adicional, en el que se detallan los antecedentes de la historia del Grupo Minero San Finx y cada una de las vulneraciones apreciadas. Destacan la vulneración de la Directiva Marco de Aguas, que establece los límites máximos de determinadas sustancias peligrosas y peligrosas prioritarias en los ríos europeos, habiendo permitido la Xunta de Galicia desde el año 1991 (en el que ya existían analíticas detalladas) hasta la actualidad la inyección al río de millones de metros cúbicos de aguas contaminadas cada año. La ocultación de estas emisiones, que no fueron reportadas por la Xunta al Registro de Contaminantes, supone un agravante adicional. Igualmente problemática es la infracción de las directivas europeas sobre la evaluación de impacto ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente,que quedó en evidencia cuando la Xunta ignoró en 2009 una resolución final de la propia administración en la que se estableció la obligación de someter el proyecto al trámite ambiental tal y como lo requieren la normativa europeas.

A falta de este procedimiento facilitó que quedara excluida la obligación de restaurar dos presas de residuos mineros que constaban en los planes anuales de labores mineras aprobados por la Administración, hasta que se dejaron de presentar en 2000 abandonándose la mina. Un informe de la propia Xunta de 2017 indicaba que la mayor de las presa, que protagonizó el trágico incidente de la “catástrofe de 1960” año en que reventaron sus compuertas inundando en el valle aguas abajo, “se encuentra prácticamente colmatado, al estar situado aguas abajo y con mayor altitud, el arrastre de los materiales podría producir un importante impacto ambiental con la posible rotura de la presa “. Tanto este hecho como el estado de las escombreras también constituye una vulneración de las normas europeas sobre la gestión de residuos mineros, adoptada precisamente para evitar desastres como el de Aznalcóllar.

La voz en el Parlamento: José Manuel Romarís, mariscador en la Ría de Noia

La Asociación Petón Lobo estuvo representada en el Parlamento Europeo porJosé Manuel Romarís, mariscador de la ría de Noia, quien forma parte de la Plataforma en Defensa de la Ría de Muros-Noia (Plademar). Participa además de la campaña “Vida e Ria ou Minería” campaña de sensibilización sobre la contaminación de la ría desde las minas de San Finx y forma parte de diversos movimientos sociales.

– Se aprecia que el proyecto de explotación actual, aprobado en 2009, se debería haber sometido a los trámites de evaluación ambiental y participación pública

– El abandono de dos presas de residuos mineros y los altos niveles de metales pesados en las aguas, a sólo 7 km de los bancos de marisqueo de la ría, genera máxima preocupación

Bruselas / Lousame (Galicia), 11 de julio de 2018. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo evaluó nuevamente la queja formulada en enero de 2017 por la Asociación Petón Lobo, integrada en las plataformas “ContraMINAcción” y “Vida y Ria o Minería”, por vulneración de diversas directivas europeas en la explotación minera de wolframio y estaño de San Finx, en Lousame (A Coruña). En concreto, la queja detalla la omisión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero en 2009, el abandono de dos presas de residuos mineros en pleno cauce fluvial, la potencial afectación a la actividad de marisqueo y la salud pública y la contaminación del agua con metales pesados. En cuanto a esta última, se superan varias veces los límites máximos permitidos para cadmio, cobre y zinc en el río que desemboca 7 km aguas abajo en la Ría de Noia.

El Parlamento admitió la petición en mayo de 2017, solicitando a la Comisión Europea una investigación preliminar. En la sesión de hoy, después de la intervención del peticionario, representado por el mariscador José Romarís, y los diputados y diputados de diversos grupos, la Comisión de Peticiones apreció la existencia de los fundamentos que apuntan a una vulneración sistemática y generalizada de la normativa europea, no sólo a una violación en el caso de la mina de San Finx, sino también en otras de la provincia de A Coruña, como la de Touro, Santa Comba o Monte Neme. Por lo tanto, acordó exigir a la Comisión Europea que inicie un proceso de completo auditoría una vez que las presuntas violaciones afectan a un espectro amplio de normativas.

Duras críticas de los grupos parlamentarios europeos

Después de la intervención de José Romarís, quien destacó que “no queremos que nuestra ría sea la próxima Aznalcóllar o Baia Mare”, ya que “nuestro modo de vida, nuestro futuro y el de las futuras generaciones dependen de ella”, habló el representante Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, quien insistió en remitir el asunto a los tribunales del estado miembro. Tocó a continuación el turno a las y los europarmentarios de diferentes países y tendencias políticas: los diputados Ana Miranda (BNG), Angela Vallina (IU), Maite Ruiz Pagazaurtundúa (UPyD), Lidia Senra (AGE), Antonio Marinho e Pinto (Partido Democrático de Portugal) y Judith Kirton-Darling (Partido Laborista, Reino Unido) coincidieron en instar a la Comisión a llevar a cabo una auditoría exhaustiva de la situación del Grupo Mineiro San Finx.

Tan sólo el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, del Partido Popular, trató de excusar la actuación de la Xunta de Galicia, insinuando la empresa concesionaria tendría carta blanca para contaminar a perpetuidad con total impunidad, con el pretexto falaz de que la normativa no se aplica retroactivamente, aunque el proyecto fue aprobado en 2009, con las directivas vigentes en la actualidad. Esto le valió la reprobación de la diputada laborista británica Judith Kirton. A pesar de esta intervención, la mayoría parlamentaria, incluido el Partido Popular Europeo, ha decidido mantener abierta la petición, el envío de una carta a las autoridades gallegas trasladando la preocupación del Parlamento y exigir nuevamente a la Comisión Europea la apertura de una investigación a fondo sobre la situación.

Demoledor informe

Antes de la sesión, la Asociación de Petón do Lobo y los colectivos implicados en “ContraMINAcción” y “Vida e Ría” facilitaron al Secretariado de la Comisión un informe con documentación adicional, en el que se detallan los antecedentes de la historia del Grupo Minero San Finx y cada una de las vulneraciones apreciadas. Destacan la vulneración de la Directiva Marco de Aguas, que establece los límites máximos de determinadas sustancias peligrosas y peligrosas prioritarias en los ríos europeos, habiendo permitido la Xunta de Galicia desde el año 1991 (en el que ya existían analíticas detalladas) hasta la actualidad la inyección al río de millones de metros cúbicos de aguas contaminadas cada año. La ocultación de estas emisiones, que no fueron reportadas por la Xunta al Registro de Contaminantes, supone un agravante adicional. Igualmente problemática es la infracción de las directivas europeas sobre la evaluación de impacto ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente,que quedó en evidencia cuando la Xunta ignoró en 2009 una resolución final de la propia administración en la que se estableció la obligación de someter el proyecto al trámite ambiental tal y como lo requieren la normativa europeas.

A falta de este procedimiento facilitó que quedara excluida la obligación de restaurar dos presas de residuos mineros que constaban en los planes anuales de labores mineras aprobados por la Administración, hasta que se dejaron de presentar en 2000 abandonándose la mina. Un informe de la propia Xunta de 2017 indicaba que la mayor de las presa, que protagonizó el trágico incidente de la “catástrofe de 1960” año en que reventaron sus compuertas inundando en el valle aguas abajo, “se encuentra prácticamente colmatado, al estar situado aguas abajo y con mayor altitud, el arrastre de los materiales podría producir un importante impacto ambiental con la posible rotura de la presa “. Tanto este hecho como el estado de las escombreras también constituye una vulneración de las normas europeas sobre la gestión de residuos mineros, adoptada precisamente para evitar desastres como el de Aznalcóllar.

La voz en el Parlamento: José Manuel Romarís, mariscador en la Ría de Noia

La Asociación Petón Lobo estuvo representada en el Parlamento Europeo por José Manuel Romarís, mariscador de la ría de Noia, quien forma parte de la Plataforma en Defensa de la Ría de Muros-Noia (Plademar). Participa además de la campaña “Vida e Ria ou Minería” campaña de sensibilización sobre la contaminación de la ría desde las minas de San Finx y forma parte de diversos movimientos sociales.

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