Se plantea una Consulta Comunitaria para decir no a la minería en Pacto, Ecuador

Original post: http://www.unpactoporlavida.com

Fuente original y texto por: Un Pacto por La Vida

El conflicto Minero de Pacto, Ecuador

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El ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR), otorgó a la Empresa Nacional Minera (ENAMI), dos concesiones mineras que están dentro del Distrito metropolitano de Quito, la de Urcutambo con 2.251ha el 19 de julio de 2012 e Ingapi con 2.394ha, el 2 de agosto de del mismo año. Estas dos concesiones en conjunto suman 4.645 ha y tendrán un impacto directo en varias comunidades de Pacto y Gualea.

Las dos concesiones no se sobreponen con las áreas de conservación del DMQ, pero son colindantes y se calcula que afectarán más de 1.300 ha de zonas boscosas o en regeneración que están conectadas con las dos ACUS localizadas en Pacto. Los impactos ambientales potenciales como contaminación de fuentes de agua y suelos, fragmentación de bosques, pérdida de biodiversidad en las zonas de afectación directa se complementan con impactos adicionales en las zonas de afectación indirecta. En estas zonas, cuya definición no siempre es clara, los impactos son semejantes pero en diferentes magnitudes, y se vislumbran cambios en la dinámica socioeconómica y, por tanto, ambiental.

mapa pactoLas concesiones otorgan el derecho personal a la ENAMI para prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar sobre los minerales metálicos que puedan existir y obtenerse. Los estudios de impacto ambiental no establecen claramente cuál es el mineral que podría haber, señala que pueden ser oro, plata, cobre y molibdeno. Actualmente la ENAMI impulsa la fase de exploración avanzada, para “obtener las dimensiones exactas y el enriquecimiento detallado del depósito mineral”. Para ello requiere de mapas y levantamientos geológico-estructurales de las zonas de interés, que a su vez exigen la apertura de trochas, perforaciones profundas y galerías de exploración.

Para la concesión Ingapi, la ENAMI solicitó 6 puntos de captación por 1,5 litros por segundo, de los ríos Chirapi, Churupe y Chulupe y de dos quebradas de la Guagpi, por un periodo de al menos dos años; lo que se traduce en 777.600 litros de agua por día, que son 21 millones 772 mil 800 litros de agua por mes, y 522 millones 547 mil 200 litros de agua en dos años. Para Urcutambo la ENAMI solicitó 4 puntos de captación por 1,5 litros por segundo de los mismos ríos, Chirapi, Churupe y Chulupe y de dos quebradas de la Guagpi. De igual manera, en un periodo de dos años, solicita utilizar 348 millones 364 mil 800 litros de agua. Es decir, para las dos concesiones mineras que se están explorando simultáneamente, se aprovecharán del sistema hidrológico Chirapi 870 millones 912 mil litros de agua.

Para satisfacer la necesidad de agua de esta fase inicial de la actividad minera y para justificar su uso, la ENAMI, declara que “estos ríos no son aprovechados por las personas dueñas de las fincas debido a que los terrenos permanecen siempre húmedos por ser clima tropical …” Al contrario, la secretaría del Ambiente del DMQ, concluye que la microcuenca del río Chirapi ocupa casi el 30% de la parroquia de Pacto y dota agua para consumo humano y usos productivos, a alrededor de 3.500 personas de 14 comunidades de Pacto y Gualea.

En efecto, la comunidad de Ingapi que sería directamente afectada por la concesión minera que lleva su nombre, realizó un censo comunitario de uso de agua en el que se evidencia que la mayoría de su comunidad utiliza el agua del río Chirapi para consumo humano y para la principal actividad productiva local, que es el cultivo orgánico de caña de azúcar.

Hay que mencionar además que Las comunidades directamente involucradas en el conflicto minero son San José de Ingapi, Buenos Aires, Anope, El Paraíso, Pacto Loma, Sta. Teresita, Ingapi, San Francisco, La Delicia, La Unión, la Victoria y el Progreso, están profundamente preocupadas porque conocen por la experiencia en otros países, que la minería genera impactos provocados por los campamentos mineros y los sitios de perforación, como contaminación del agua por metales pesados en esteros, quebradas, vertientes que están bajo tierra y ojos de agua. Conocen también, que la minería puede causar una deforestación intensiva y afectar los ciclos hídricos con la reducción de lluvias y están informadas sobre la acidificación del suelo. Todos estos impactos, pondrían en riesgo los principales medios de sustento de la población, que son la agricultura, la producción y procesamiento de caña de azúcar como panela orgánica para la exportación; la caficultura; la ganadería y la agricultura familiar campesina, que garantiza la soberanía alimentaria local.

La Lucha Comunitaria por la Vida de Pacto

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¿Qué piensan las comunidades sobre la actividad minera en Pacto? en el estudio de impacto ambiental que realizó la ENAMI en el año 2013, a través de una encuesta el estudio reconoció que para la concesión Ingapi, el 75% de la población rechazó la actividad minera y para Urcutambo, la rechazó el 60% de la población. La aceptación de los proyectos mineros por parte de los pobladores de la zona es mínina y la ENAMI clasifica la conflictividad como alta en ambos casos.

El principal factor que agudizó el conflicto socioambiental, es la “educación minera” que la Empresa Nacional Minera (ENAMI) quiere hacer desde el mes de agosto de 2014 con la autorización del Ministerio de Educación, por medio de talleres de “Información y sensibilización en las unidades educativas ubicadas en las parroquias Pacto y Gualea”. Los beneficiarios son niños, niñas, adolescentes, docentes y padres de familia de las comunidades y tienen como finalidad “afianzar la relación empresa, comunidad, estado”, con el conocimiento de las “estrategias de intervención social del proyecto Pacto” “la importancia de los minerales en la vida diaria”.

Con este procedimiento, las comunidades se verían obligadas a aceptar la presencia de la ENAMI a través de los niños, niñas y jóvenes que asisten a los centros educativos. Por ello, interpusieron una medida cautelar, la cual recayó en el juzgado segundo de tránsito, pidiendo la suspensión de estos talleres que vulneran sus derechos fundamentales como el derecho a que la educación responda al interés público y no al servicio de intereses individuales o corporativos (art. 28), el derecho de interés superior de los niños, el derecho de participación y de ser consultados (art. 61 y 398).

Ante esta inminente amenaza de vulneración de derechos, el 14 de octubre de 2014 en Asamblea general la comunidad de Ingapi se declara en ejercicio del derecho a la resistencia frente a la ENAMI, al Ministerio de Educación y cualquier otro agente público o privado que atente vulnerar sus derechos. Ejerce su derecho constitucional de manifestarse de manera libre y voluntaria y exige al Estado ecuatoriano el respeto a los derechos del buen vivir  y al fortalecimiento de su identidad campesina.

El 22 de enero del 2015 la Universidad Técnica Particular de Loja organiza una reunión “informal”  en la parroquia de Pacto, con el fin de “armar una discusión con el pueblo” sobre el proyecto minero que quiere realizar la ENAMI en la zona y realizar una Encuesta para el levantamiento de línea base socio económico y ambiental a través de  cuestionarios dirigidos  a las poblaciones de Pacto y Gualea. Para ello no solicitó una autorización formal a las autoridades del GAD Autónomo Descentralizado Parroquial ni informó a los dirigentes comunitarios.

Estas acciones de la ENAMI dinamizaron la decisión de las 23 comunidades de Pacto de defender el territorio de la parroquia y el 16 de noviembre de 2014 en asamblea comunitaria, junto al presidente y al concejo del GAD parroquial, organizaciones productivas y sociales, resolvieron llevar a cabo la Consulta comunitaria de buena fe, como una iniciativa de democracia participativa local ante los proyectos mineros que impulsa la Empresa Nacional Minera, para los cuales las comunidades no fueron consultadas en ninguna de las fases de las concesiones otorgadas por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables desde el año 2012, incumpliendo lo estipulado en la Constitución del Ecuador artículo 398, que establece que las comunidades campesinas tienen el derecho de ser consultadas de manera oportuna.

Para ello se conformó la organización de hecho denominada “Lucha comunitaria por la vida de Pacto” y de manera participativa a través de asambleas comunitarias y de procesos de autogestión denominados mingas, aprobaron el reglamento, realizaron el censo comunitario, conformaron el tribunal electoral y formularon la pregunta que será el objeto de consulta a realizarse el 12 de abril de 2015.

La consulta se fundamenta en el derecho constitucional de participar de manera protagónica en la toma de decisiones en todos los asuntos de interés público, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que incentiva la libre iniciativa de las personas de organizarse para resolver sus problemas y defender sus derechos, y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que reconoce la democracia comunitaria como un derecho de participación.

La consulta busca fortalecer la democracia, la defensa de las formas de vida campesina, de los sistemas campesinos de producción; los derechos constitucionales al agua, a la soberanía alimentaria, al Buen Vivir; y la defensa de los derechos de la naturaleza.

Logo Pacto, Ecuador

 

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