Demandamos la cancelación del modelo extractivo minero en Panamá

Take Action: Stop mining in Panamá

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Tras años de mesas de diálogo, cumbres y foros de discusión, el gobierno panameño continúa imponiendo un modelo neoliberal que afecta la vida de indígenas y campesinos. Numerosos testimonios de poblaciones afectadas por la contaminación y los conflictos sociales demuestran que ésta no es una salida al empobrecimiento sino todo lo contrario. Las poblaciones, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos exigen al gobierno nacional la cancelación del modelo extractivo minero y aspiran a continuar el camino de la construcción de una Economía Popular Solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa, y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional.

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1. Transcurrida más de una década, a partir de las impositivas medidas neoliberales en nuestro país, las evidencias de progreso y superación del estatus social, son pocas, máxime en las comunidades rurales (indígenas y campesinas). La exclusión social, empobrecimiento, la ejecución de políticas paternalista (Beca Universal, SENAPAN, Red de Oportunidades, 120 a los 65, otros), y proyectos extractivos tales como: la minería e hidroeléctricas, han hecho de nuestros pueblos, una vida improductiva, y más dependiente.

2. Que ante la crisis ambiental que sufre el planeta, observamos con mucha preocupación, la carencia de soluciones verdaderas al cambio climático, hambre y agua. De la cual, han transcurrido mesas, cumbres y foros nacionales e internacional, con pocas las probabilidades de aplicar los acuerdos producidos. Convirtiéndose éstas, en otra carga más a la situación socio ambiental, y donde la minería metálica agrava dicha crisis. Por ende, no hay forma que el extractivismo minero, como es Minera Cerro Quema, garantice la preservación de los acuíferos de la provincia de Los Santos, tan necesarios en una región golpeada por las sequías y en donde los productores santeños han realizado cuantiosas inversiones.

3. Panamá, en la escena de la mal llamada globalización, su economía marco un auge. Sin embargo, a su extremo, el índice económico alcanzó una mala distribución de la riqueza. Y que en la actualidad se mantiene, expresado en los pueblos indígenas, áreas campesinas y periferia urbana de la capital istmeña. En el marco de la política económica, la minería no ha demostrado ser otro renglón del producto interno bruto PIB para solventar la carencia de mejores condiciones para la salud, educación, transporte, acueductos y seguridad social.

4. Pruebas, y testimonios de familias afectadas, y daños ambientales por la industria extractiva minera en Panamá, son evidencias para que el gobierno desista con su discurso desarrollista, favoreciendo, bajo libre comercio, a las transnacionales del capital minero. Los casos de Minera Remance, Mina Santa Rosa, Petaquilla Gold y otros, son muestra que Panamá, no le corresponde este modelo de producción económica, y que por el contrario ha empeorado el estatus social de las comunidades rurales cerca a los proyectos, generando contaminación, conflictos laborales, aumento de la crisis ambiental local, y aislamientos obligados de comunidades fuera de límites de concesión minera, como es el caso de los pobladores de la comunidad de Donoso, secuestrados por Minera Panamá. De igual manera la nula rendición de cuentas y transparencia de lo que revierten las exportaciones del oro y otros metales.

5. Por lo anterior, comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de los Derechos Humanos, movimientos sociales y de ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá.

6. Rechazamos las pretensiones del Gobierno de Panamá, de aplicar la mal llamada Economía Verde, bajo programas como Compensaciones por Pérdida de la Biodiversidad, Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, Servicios Ambientales y otros, en la lógica financiera; ya que son formas de justificar la continuidad de una economía de libre mercado a través de la minería y otros proyectos extractivos.

7. Exigimos reformas a la legislación minera en territorio panameño, paralelamente la pronta cancelación de concesiones que incumplen con los preceptos legales de dicha actividad. Y el Estado cumpla pronto con las sanciones penales a proyectos que han generado consecuencias negativas (contaminación en Coclesito, enriquecimiento ilícito en Donoso, etc.) para el ambiente y los poblaciones. De igual forma exigimos a las empresas mineras el cierre de sus operaciones como lo estipula el código minero panameño, ya que luego del fracaso de sus objetivos, abandonan sus obligaciones.

8. Las comunidades rurales, hostigadas por estos proyectos depredadores en Panamá, aspiramos a un Economía Popular Solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa, y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional. Que también contribuya a un mejor nivel de calidad de vida para las y los panameños.

Frente Ciudadano contra la Minería en Coclesito
Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del pueblo Ngäbé Büglé y Campesino
Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE
Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC
Frente Santeño contra la Minería
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4. Capitulo de Panamá

La presente se presentará con copia al Presidente de Panamá Juan Carlos Varela,
al Ministerio de Ambiente de Panamá,
Ministerio de Comercio e Industria MICI Panamá,
Contraloría General de la República de Panamá, y
Ministerio de Salud de la República de Panamá


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