ACCIÓN URGENTE: ACTIVISTA MEDIOAMBIENTAL CONDENADO A PRISIÓN

TAKE URGENT ACTION: Earth defender Javier Ramirez sentenced to jail

Darwin Javier Ramírez Piedra, activista medioambiental y líder comunitario, sigue siendo blanco de acciones en su contra, en lo que parece ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras sobre el derecho de la comunidad al agua. Esto tendrá un efecto disuasorio sobre otras personas que deseen ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.

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Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región septentrional de Intag, ha sido declarado culpable de rebelión por su presunta participación en un ataque contra una delegación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI), y ha sido condenado a 12 meses de prisión. No existen pruebas en su contra, y el tribunal rechazó varios testimonios que afirmaban que estaba en su casa en el momento del ataque.

Su condena se redujo inicialmente de 12 a 10 meses por buena conducta, y ha sido puesto en libertad, puesto que ya había pasado 10 meses en prisión preventiva. Tras una apelación de ENAMI, el tribunal reimpuso la condena de 12 meses. Darwin Javier Ramírez Piedra ha apelado contra esta decisión pero, si su apelación no prospera, podría ser encarcelado de nuevo.

El 25 de febrero, poco después de su liberación, Darwin Javier Ramírez Piedra recibió en su casa la visita de dos amigos y de compañeros de activismo medioambiental. Poco después, según ha informado, un policía llegó a su casa y empezó a interrogarlo sobre los visitantes. También ha informado de que ese mismo día, más tarde, tres personas, una de ellas identificada como miembro del personal de ENAMI, estuvieron tomando fotografías de su casa. En el exterior de la casa hay colgado un cartel contra las actividades mineras.

Víctor Hugo Ramírez Piedra, hermano de Darwin Javier Ramírez Piedra, acusado también de rebelión en relación con el mismo incidente, permanece en libertad, y el proceso judicial en su contra se encuentra en suspenso hasta que sea detenido.

 

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

  1. expresando preocupación porque la condena de Darwin Javier Ramírez Piedra y los cargos contra Víctor Hugo Ramírez Piedra parecen ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras en el medio ambiente y en el derecho al agua de las comunidades campesinas de Intag;
  2. instando a las autoridades a ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la presunta visita de la policía a la casa de Darwin Javier Ramírez Piedra, ya que podría constituir acoso contra él y su familia;
  3. expresando preocupación porque esta condena sienta un precedente que podría disuadir a otras personas de ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación en relación con preocupaciones legítimas sobre el impacto de las actividades mineras en sus comunidades.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2015 A:

1) Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Dra. Ledy Zúñiga Rocha
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria, Quito, Ecuador

Correo-e: comunicacion@minjusticia.gob.ec Tratamiento: Señora Ministra

2) Procurador General
Dr. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano Fiscalía General del Estado
Av. Patria y 12 de Octubre
Quito, Ecuador
Fax: +593 2 398 5800 ext. 163 030

Correo-e: serranoam@fiscalia.gob.ec Tratamiento: Señor Procurador General

Y copia a: Organización local de derechos humanos, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto Edificio Yurac Pirca Piso 9 Quito, Ecuador

Correo-e: cedhu@cedhu.org

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Intag es una región del norte de Ecuador con abundantes bosques subtropicales y una rica biodiversidad. A principios de la década de 1990, cuando arrancó el primer proyecto minero, las comunidades de Intag se organizaron para luchar contra la realización de actividades mineras en la zona. Las comunidades consideran que el proyecto minero de Lurimagua, dirigido por la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI), causará daños al entorno de la región, incluidos sus recursos hídricos.

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Amnistía Internacional lleva varios años recibiendo informes y testimonios sobre la intimidación, el acoso y las agresiones que han sufrido quienes participan en campañas contra el proyecto minero de la región de Intag. Entre otras cosas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha criticado públicamente las actividades de estos activistas en sus mensajes televisivos semanales a la nación. Para más información, véase AU 334/13 (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR28/004/2013/es).

En mayo de 2014, la comunidad de Junín denunció también una fuerte presencia policial en apoyo de ENAMI, que al parecer estaba llevando a cabo actividades de exploración minera. Los miembros de la comunidad se quejaron de que la amplia presencia policial interfería con sus quehaceres diarios y limitaba su derecho a la libertad de circulación. Una comisión de observadores de los derechos humanos visitó la región y determinó que la presencia policial constituía de facto un estado de emergencia, puesto que restringía derechos como la libertad de circulación, de expresión y de asociación.

Una de las preocupaciones expresadas por las comunidades afectadas por el proyecto minero de Lurimagua es la ausencia de una consulta. En repetidas ocasiones, las autoridades de Ecuador han tratado de minar las reclamaciones de las comunidades respecto a una mayor participación, alegando que la expansión de la industria extractiva no sólo es necesaria, sino también beneficiosa, para el desarrollo de la nación. Aunque muchos argumentan que ciertos proyectos o leyes pueden aportar beneficios a las comunidades locales, es vital que las decisiones que afecten a sus derechos humanos se tomen de manera conforme con las normas internacionales de derechos humanos. Esto requiere que se respete el derecho de estas comunidades a la participación y la información, así como su derecho a ser consultadas.

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que en los últimos años se han presentado cargos penales falsos contra dirigentes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado de obstaculizar su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. La organización ha documentado casos de dirigentes contra quienes se han formulado cargos por delitos como los de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, secuestro, asesinato, lesiones, robo, entrada sin autorización en propiedad ajena y obstrucción ilegal de vías públicas en el contexto de manifestaciones contra leyes y políticas, en particular las relacionadas con recursos naturales.

Environmental activist and community leader, Darwin Javier Ramírez Piedra continues to be targeted in what appears to be an attempt to silence his campaigning against the impact of mining activities on the community’s right to water. This will have a chilling effect on others wishing to exercise their right to freedom of expression and association.

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Darwin Javier Ramírez Piedra, president of the Junín community in the northern region of Intag, has been found guilty of rebellion and sentenced to 12 months in prison for his alleged participation in an attack against a delegation of the National Mining Agency (Empresa Nacional Minera del Ecuador, ENAMI). There is a lack of evidence against him and the court dismissed several testimonies that stated he was at home at the time of the attack.

His sentence was initially reduced from 12 to 10 months for good behaviour and he was released, having already spent 10 months on pre-trial detention. Following an appeal by ENAMI the court reinstated the 12 month sentence. Darwin Javier Ramírez Piedra has appealed this decision, but if unsuccessful, could be re-imprisoned.

On 25 February, soon after being released, Darwin Javier Ramírez Piedra was visited by two friends and fellow environmental activists at his home. Shortly after, he reported that a police officer arrived and started questioning him about the visitors. He also reported that later that day three people, one of whom was identified as ENAMI’s staff, took photos of his home. There is an anti-mining banner hanging outside his house.

Victor Hugo Ramírez Piedra, Darwin Javier Ramírez Piedra’s brother, who has also been charged with rebellion in relation to the same incident, remains at large and the judicial process against him is on hold until he is apprehended.

 

TAKE ACTION In Solidarity

Sign the petition to tell Ecuador’s President Rafael Correa to free Javier Ramirez and stop mining at Junin, Intag!

Write immediately in Spanish or your own language:

 Expressing concern that Darwin Javier Ramírez Piedra’s conviction and the charges against Victor Hugo Ramírez Piedra, appear to be an attempt to silence their campaigning against the impact of mining on the environment and the right to water of peasant communities in Intag;

 Urging the authorities to order a thorough and impartial investigation into the reported police visit to Darwin Javier Ramírez Piedra’s home, as this could constitute harassment against him and his family;

 Expressing concern that this sentence sets a precedent that could deter others from exercising their right to freedom of expression and association in relation to legitimate concerns on the impact of mining activities on their communities.

 

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 17 JUNE 2015 TO:

1) Minister of Justice, Human Rights and Worship
Dra. Ledy Zúñiga Rocha
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria, Quito, Ecuador

Email: comunicacion@minjusticia.gob.ec Salutation: Dear Minister/ Señora Ministra

2) Attorney General
Dr. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano Fiscalía General del Estado
Av, Patria y 12 de Octubre
Quito, Ecuador
Fax: +593 2 398 5800 ext. 163 030

Email: serranoam@fiscalia.gob.ec Salutation: Dear Public Prosecutor/ Señor Procurador General

 

Send copies to:
Local human rights NGO Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto Edificio Yurac Pirca Piso 9
Quito, Ecuador
Email: cedhu@cedhu.org

Please also send copies to diplomatic representatives accredited to your country

 

ADDITIONAL INFORMATION

Intag is a region in northern Ecuador rich in subtropical forests and biodiversity. In the early 1990s, as the first mining project was underway, the communities of Intag organized themselves against mining activities in the area. They believe the Lurimagua mining project, led by the National Mining Agency (Empresa Nacional Minera del Ecuador, ENAMI), will harm the region’s environment, including its water resources.

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For several years Amnesty International has received testimonies and reports of how those who campaign against the mining project in the Intag region have been intimidated, harassed and attacked. This includes public declarations by Ecuadorian President Rafael Correa who has criticized the activities of these activists during his weekly television addresses to the nation. For more information click here.

In May 2014 the Junín community also denounced a vast police presence in support of ENAMI who were allegedly carrying out exploratory mining activities. The community members complained that this extensive police presence was disrupting their everyday life and placing restrictions on their right to freedom of movement. A commission of human rights observers undertook an on-site visit to the region and determined that the police presence constituted a de facto state of emergency as it restricted rights such as freedom of movement, freedom of expression and freedom of association.

Among the concerns expressed by the communities affected by the Lurimagua mining project is the lack of consultation. The authorities in Ecuador have repeatedly sought to undermine communities’ claims for greater participation by arguing that expanding the extractive industry is not only necessary for national development, but also beneficial. While many may argue that particular projects or legislation may be beneficial to local communities, it is vital that any decisions that have an impact on their human rights are made in a manner that is consistent with international human rights standards. This requires that people’s rights to participation and information, and right to consultation be respected.

Amnesty International is concerned that in recent years spurious criminal charges have been brought against Indigenous and peasant farmer (campesino) leaders, in what appears to be a deliberate attempt to curb their rights to freedom of expression, assembly and association. The organization has documented cases of leaders who have been charged with criminal offences such as terrorism, sabotage, illicit association, kidnapping, murder, causing injury, robbery, trespassing and illegal obstruction of public roads in the context of protests against laws and policies, particularly those that relate to natural resources.

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